Cambio Climático

Obstáculos para la descarbonización en América Latina

La descarbonización es proceso por el que paulatinamente se lleva a cabo un cambio de modelo económico que deja atrás el uso de los combustibles fósiles, reduciendo las emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Un reto para la economías en desarrollo frente a los plazos del acuerdo de París.

Grandes empresas en América Latina y el Caribe han adoptado algunas medidas para reducir las emisiones de carbono, pero se puede hacer mucho más para incentivar y apoyar la transición de las empresas a cero emisiones netas de carbono. Empresas multinacionales en América Latina,  encuestadas por el proyecto de información sobre las emisiones de carbono (CDP, por sus siglas en inglés) declaran estar dispuestas a integrar los esfuerzos de reducción de emisiones en sus operaciones, pero la falta de un marco normativo adecuado les impide hacerlo. Al preguntarles si  “el cambio climático está integrado en [su] estrategia comercial”, una gran parte (86%) de las empresas multinacionales en la región responde de manera afirmativa, una proporción similar a la del resto del mundo (92%). En particular, una de cada cinco empresas reporta haber usado un precio interno de carbono; una vez más, el porcentaje de empresas se acerca al promedio mundial. Casi un tercio de las empresas de la región reporta que origina o adquiere créditos de carbono basados en proyectos (31%, frente al 20% a nivel mundial).

Además de las grandes empresas, el sector de las micro, pequeñas y medianas empresas  (mipymes) es particularmente importante para avanzar en la sostenibilidad ambiental y promover el empleo formal en las economías rurales, pero también enfrenta una variedad de obstáculos en la ecologización de sus negocios (OIT, 2018b). Entre esos obstáculos figuran los costos adicionales derivados de la adaptación de nuevas tecnologías, el acceso limitado a información y capital, las prácticas voluntarias que no generan beneficios comerciales directos y la percepción de las empresas de que a los consumidores no les preocupa su impacto ambiental. En el capítulo 3 del documento completo en la referencia se examinan más a fondo las medidas para ayudar al sector de las mipymes a cosechar los beneficios de la descarbonización y reducir los efectos adversos del cambio climático y las políticas relacionadas con el clima; dichas medidas incluyen el financiamiento verde, normativas de apoyo a las cooperativas, y la transformación verde de las cadenas de suministro.

De hecho, las normativas vigentes pueden socavar la puesta en marcha de opciones con bajas emisiones de carbono por parte del sector privado. La imperante organización del mercado en sectores enteros puede estar intrínsecamente ligada a tecnologías, prácticas y modelos empresariales establecidos. Por ejemplo, el sector del transporte público tiende a depender de pequeños operadores que pueden tener dificultades para pagar el alto costo inicial de los autobuses eléctricos, aunque estos últimos tienen más sentido desde el punto de vista económico a lo largo de su vida útil. A fin de fomentar la adopción de soluciones de cero emisiones de carbono y maximizar el potencial de aumentar el empleo decente que esta conlleva, los gobiernos deberán decretar programas integrales de reformas políticas que cambien las reglas del juego y permitan que surjan nuevos modelos empresariales. Por ejemplo, Chile ha creado nuevos modelos empresariales en el sector del transporte público para permitir la introducción de autobuses eléctricos: las empresas locales de energía eléctrica pueden ahora aprovechar su gran capacidad financiera para comprar autobuses eléctricos, y luego alquilarlos a los conductores de autobuses, que se benefician de unos costos de arrendamiento manejables (Ramírez Cartagena et al., 2020).

Los precios actuales pueden desalentar la adopción de soluciones bajas en carbono por parte de empresas y hogares. El FMI estima que, a nivel mundial, las distintas formas de subsidios energéticos ascendieron a USD 5,2 billones (6,5% del PIB) en 2017 (Coady et al., 2019). Los bajos precios de la energía eliminan el incentivo de invertir en eficiencia energética o transporte eléctrico. Si se gestiona correctamente, la eliminación o reducción de subsidios energéticos aumentaría la eficiencia económica y proporcionaría incentivos a empresas y consumidores para que se cambien a opciones de cero emisiones de carbono, mejorando así los resultados en materia ambiental y de salud.

Por otro lado, la transición a cero emisiones netas crea potencialmente ganadores y perdedores, haciendo más difícil la economía política de la transición (Vogt-Schilb y Hallegatte, 2017). Los consumidores pueden verse perjudicados por los efectos de la eliminación de subsidios energéticos o por la introducción de impuestos ambientales sobre los alimentos y los servicios básicos (Coady et al., 2015; Schaffitzel et al., 2020; Vogt-Schilb et al., 2019). Cualquier cambio de precio significativo debe ser gradual y debe ir acompañado de medidas que apoyen la transición de los grupos más afectados (consúltese el capítulo 3 del documento completo en la referencia para obtener más detalles sobre las medidas de asistencia social para los cambios de precios debidos a la eliminación de los subsidios energéticos o a la aplicación de impuestos ambientales). Las empresas, los trabajadores y las comunidades pueden verse perjudicados por el decrecimiento o el cese gradual de las actividades económicas que son incompatibles con el objetivo de cero emisiones netas, como la producción de combustibles fósiles o la cría de ganado. Es necesario prever, minimizar y compensar esos efectos a través de políticas específicas y medidas complementarias para que la descarbonización esté en consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible y hacerla socialmente aceptable. En el Capítulo 3 se dan ejemplos de la gestión de la reforma de subsidios energéticos sin perjudicar a la población vulnerable.

Además, la sostenibilidad fiscal de los gobiernos puede verse afectada si estos dependen ampliamente de los impuestos sobre el consumo de combustibles fósiles o de las regalías de los combustibles fósiles (IEA, 2019; Solano-Rodriguez et al., 2019). El uso de vehículos eléctricos reducirá los ingresos de los impuestos sobre la gasolina y el gasóleo, lo que representa más del 10% de ingresos fiscales en países como Costa Rica o Uruguay (OCDE et al., 2020). En países como Ecuador y Venezuela, donde la producción y la exportación de petróleo son una fuente clave de financiamiento gubernamental a través de regalías y empresas estatales, la transición energética mundial representa un riesgo. Los ministerios de Finanzas necesitan entender esta transición y tomar medidas para mitigarla.

Por último, los planes actuales de reducción de emisiones son insuficientes. El Acuerdo de París exige a los países comunicar periódicamente sus esfuerzos para reducir las emisiones y avanzar hacia el logro de los objetivos del Acuerdo, a través de sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés). En la región, 24 países han presentado una primera ronda de sus NDC, que contienen planes para reducir las emisiones de GEI para el 2030. Sin embargo, se sabe que las NDC presentadas en los meses previos al Acuerdo de París en 2015 son insuficientes debido a que en su conjunto no logran encarrilar a las economías hacia el cumplimiento de limitar el calentamiento global a un nivel muy inferior a los 2 °C (UNEP, 2019). Las NDC en todo el mundo permiten emisiones de 52-58 GtCO2eq en 2030, lo que podría llevar a un calentamiento global de más de 4 °C, mientras que para mantener el rumbo hacia el objetivo de 1,5 °C sería necesario reducir las emisiones a 25- 30 GtCO2eq hasta 2030 (IPCC, 2018). En América Latina y el Caribe, las NDC actuales permiten que la proporción de electricidad sin carbono en la región se mantenga por debajo del 55% para 2030. Descarbonizar a tiempo para alcanzar los 1,5 °C requeriría obtener al menos el 70% de la electricidad de fuentes de cero emisiones de carbono para el 2030 (Binsted et al., 2019). Implementar las NDC tal y como están ahora podría bloquear rutas de altas emisiones y crear nuevas barreras técnicas y económicas para la descarbonización, en particular en forma de activos abandonados en el sector energético. Es necesario actualizar las NDC y alinearlas con los objetivos de descarbonización a largo plazo.

 

Referencia: Saget, Catherine, Vogt-Schilb, Adrien y Luu, Trang (2020). El empleo en un futuro de cero emisiones netas en América Latina y el Caribe. Banco Interamericano de Desarrollo y Organización Internacional del Trabajo, Washington D.C. y Ginebra. Recuperado de: https://publications.iadb.org/publications/spanish/document/El-empleo-en-un-futuro-de-cero-emisiones-netas-en-America-Latina-y-el-Caribe.pdf